La junta de gobierno municipal de Sarria dio el visto bueno en la sesión de ayer al proyecto de demolición de la estación de servicio de la calle Matías López, que funcionó en el supermercado de la firma Eroski. La propuesta fue presentada por la firma Inversiones Sarrianas, S.L., propietaria de las instalaciones. Se trata de un paso importante en el proceso de cierre y eliminación de la estación de servicio.

La junta también ratificó las cláusulas que regirán la contratación de las obras incluidas en el proyecto de abastecimiento de agua en la zona de la nueva estación potabilizadora, ubicada en las proximidades de As Aceas. El presupuesto de licitación será de 210.444 euros y los trabajos incluirán la construcción de una canalización desde la citada estación al depósito de la fábrica de cemento de Oural, así como a las viviendas existentes en ese trayecto.

Los integrantes de la junta, que estuvo presidida por Pablo López, alcalde en funciones, aprobaron la certificación de obras en el cementerio, las cláusulas para el suministro de una caldera de vapor destinada al matadero, así como la modificación del proyecto de mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento en Marqués de Ugena, que afecta a la zona de la escalinata aunque no repercute en el presupuesto. Entre otros acuerdos fue aceptada la solicitud de Ivema Lucus para la demolición de dos edificios en Calvo Sotelo 153-155, donde estuvo ubicada la antigua discoteca Cristal.

El director del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC), Pedro Banda, cree que la tecnología fotovoltaica de concentración (CPV) necesita una regulación específica en España, como está sucediendo en otros países.

Esta ha sido una de las reflexiones realizadas por Pedro Banda durante un acto desarrollado en las instalaciones del ISFOC en Puertollano para presentar los resultados preliminares del proyecto Sigmasoles (www.energias-renovables.com), una iniciativa que pretende desarrollar la CPV en España mediante la colaboración con centros de investigación y empresas.

El director del ISFOC ha manifestado que uno de los problemas de la fotovoltaica de concentración en particular, y de la fotovoltaica en general, es el macro regulatorio. Pedro Banda cree que hay margen suficiente para que se introduzca la CPV en el nuevo marco regulatorio. “Estamos enviando resultados, demostrando que hay capacidad. La mayor evidencia es que otros países han introducido esta tecnología en el marco regulatorio”. El ejemplo con el que ha coronado esta afirmación es el caso italiano, cuyo gobierno aprobó recientemente la instalación de 200 MW de CPV con una tarifa competitiva y diferenciada del resto de tecnologías fotovoltaicas.

Banda está seguro de que España debe aprovechar su liderazgo tecnológico en CPV para afianzar su crecimiento, a lo que debería contribuir un marco regulatorio estable para industrias e inversores, que asegure el acceso de la fotovoltaica de concentración a los mercados internacionales y que favorezca su crecimiento.

El Ministerio de Industria quiere cerrar esta semana el recorte de las subvenciones que reciben los productores de energía fotovoltaica. El departamento que dirige Miguel Sebastián negocia desde junio pasado con las asociaciones del sector una bajada de las primas. Fuentes cercanas al ministerio señalan que hay “poca disposición al acuerdo” por parte de las patronales. El ministro avisó hace un par de semanas de que el recorte se aplicará aunque no haya consenso con las asociaciones.

La explicación del recorte está en el boom que vivió esta tecnología hasta septiembre de 2008, cuando se instalaron muchos más megavatios (MW) de lo esperado, gracias a la generosa retribución vigente (todavía hoy) para los huertos solares puestos en marcha antes de esa fecha.

El resultado es que los costes se han disparado y, con ello, el llamado déficit de tarifa (diferencia entre costes regulados e ingresos del sistema eléctrico), que ya va por los 20.000 millones de euros. El año pasado, los huertos solares cobraron subvenciones por importe de más de 2.600 millones, pese a que aportaron poco más del 2% de la electricidad. Los costes totales del sistema eléctrico rondan los 15.000 millones.

Objetivo
Cuando se concrete el recorte (que parece contar con el beneplácito del PP, con el que Industria negocia un pacto energético), el ministerio habrá logrado su objetivo de abaratar la factura renovable. El mes pasado, acordó un suave recorte (de carácter temporal) para la energía eólica (más competitiva que la fotovoltaica) y la termosolar . Esta última, a diferencia de la solar convencional, puede gestionarse y acaba de despegar.

En el sector fotovoltaico, hay realidades muy distintas: desde grandes empresas hasta pequeños productores, muchos de los cuales compraron instalaciones ya en marcha pagando el correspondiente sobreprecio, lo que merma su rentabilidad. Los inversores con mejores parques consiguen retornos de hasta el 15% anual.

En el ministerio rechazan precisar la cuantía del recorte, que, previsiblemente, afectará a instalaciones ya en marcha pese a las protestas del sector, que considera esta medida retroactiva. Industria se inclina por recortar el número de horas en las que los parques podrán cobrar subvención.

Las asociaciones han pedido a Industria que actúe contra el fraude masivo detectado en 2008, cuando hubo una carrera para cazar la prima vigente hasta entonces. El propio sector dice que hay entre 700 y 1.000 MW fraudulentos y pide que se les retire la subvención. Industria ha enviado un borrador de decreto al Consejo de Estado para hacerlo, pero su fecha de puesta en marcha es incierta.

Sí parece descartado que el tijeretazo alcance el 30%, como se barajó al principio. A su favor, los promotores cuentan con el fuerte apalancamiento del sector, que garantiza la presión de los bancos a su favor. En la mayoría de estos proyectos, las entidades financieras han aportado entre el 70% y el 80% del coste de la instalación.

La banca tiene comprometidos cerca de 20.000 millones en huertos solares. Un tercio está en manos de entidades extranjeras. “Si los costes estimados no estaban bien calculados, no es problema nuestro, sino del Gobierno”, decía hace unas semanas un directivo de un importante banco español.

La CNE ha publicado un informe que analiza las repercusiones del nuevo RD, que considera negativas para el fomento del uso de los biocarburantes.

Informe: http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne51_10.pdf

La Audiencia Nacional está a punto de cerrar una investigación contra Demetrio Carceller, patriarca de una de las mayores fortunas de España, por un presunto delito fiscal, unas pesquisas que han provocado el bloqueo de sus cuentas y acciones por valor de 400 millones de euros para responder a una posible deuda con Hacienda, según publica hoy el diario El País. La investigación, que ha conllevado registros en varias de las sociedades de la familia, podría salpicar también a Demetrio Carceller hijo, propietario de la petrolera Disa y la cervecera Damn y accionista y consejero de Sacyr Vallehermoso.

Una querella por delito fiscal presentada hace más de un año por la Fiscalía a instancias de la Agencia Tributaria supuso el pistoletazo de salida a esta investigación. El octogenario empresario catalán, que se encuentra prácticamente retirado de los negocios pero a cuyo nombre figura la mayor parte de la fortuna familiar, habría falseado la residencia fiscal en Portugal para defraudar al fisco español, aprovechando que en el país vecino existe una menor vigilancia de operaciones patrimoniales complejas. Para acreditar la residencia fiscal en el extranjero se debe probar que se está fuera de España 183 días al año, extremo que no se ha cumplido en este caso, según fuentes conocedoras de los hechos.

Uno de los mayores casos de delito fiscal de la historia

Por el momento, se desconoce la cuantía del presunto delito, pero el volumen de los bienes bloqueados indica que, probablemente, se trate de uno de los mayores casos de delito fiscal de la historia de España. Fuentes mencionadas por El País aseguran que, debido a la avanzada edad de Carceller, se ha desestimado la posibilidad de que ingrese en prisión, dado que no existe riesgo de fuga. Es su hijo del mismo nombre quien lleva los negocios de la familia. Escurridizo para los actos públicos hasta el extremo, el presidente de Disa, la distribuidora petrolífera canaria que fundara su abuelo hace más de un siglo, es una persona seria, seca en el trato, educado en Inglaterra y con un MBA en Estados Unidos.

La familia Carceller controla el 23% de la cervecera catalana Damn, según la CNMV. Esta participación vale en Bolsa casi 500 millones de euros. Además, DAMM tiene parte de Ebro Puleva. Su fortuna se completa con una participación del 6% en Sacyr y con Disa, compañía que tiene 500 estaciones de servicio en España (incluidas las de Shell que adquirió en 2005) y que controla parte de CLH. Carceller acumula, sin duda, una de las grandes y más ocultas fortunas de España. Ha tenido problemas en varias ocasiones con la justicia por supuesto fraude fiscal aunque no ha sido condenado, de momento, en ninguna de ellas.

Esta investigación supone un nuevo varapalo para el empresario, quien a principios de año vio diluirse su sueño de convertirse en presidente de Repsol, tras haber movido activamente su candidatura entre el accionariado. El hombre que dentro de la propia Sacyr ha hecho bloque con Juan Abelló frente a Luis del Rivero, célebre por su apetito inversor, controla una fortuna que inició en los años 30 su abuelo Demetrio Carceller Segura, ministro durante los primeros años del franquismo (1940-1945), político falangista de origen turolense que comenzó su andadura como empresario textil de Terrassa.